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Miles de fachadas con riesgo de desprendimientos en Guipúzcoa

Fisuras, grietas y desprendimientos de fachada son algunos de los males que aquejan a miles de edificios en el País Vasco. Son inmuebles construidos entre los años 50 y 70 del siglo pasado, el llamado periodo del desarrollismo, en los que se produjo una demanda de viviendas de tal magnitud que desde el Gobierno de Franco se llegó a acuñar la frase ‘primero vivienda, después urbanismo’.

Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el profesor del área de construcción de la Escuela Superior de Arquitectura de la UPV/EHU Iñigo Lizundia en una tesis doctoral en la que ha analizado el estado de 13.433 viviendas. El trabajo, titulado ‘La construcción de la arquitectura residencial en Gipuzkoa durante la época del desarrollismo’, llega a la conclusión de que «el edificio residencial desarrollista ha llegado a una edad crítica y sus lesiones y carencias, relativamente leves y asumibles hasta hace bien poco, comienzan a agravarse de forma exponencial».

En cuanto a las comunidades de propietarios se refiere, la «urgente necesidad» de rehabilitar gran parte de los edificios del desarrollismo ha llegado en el peor de los momentos económicos. El dinero escasea en muchas comunidades de vecinos y muchas de ellas «se están viendo y se van a ver muy limitadas económicamente a la hora de afrontar, no ya una rehabilitación integral, que puede llegar a tener un coste muy elevado, sino cualquier mínima y urgente reparación».

Sin embargo, llegado el momento deberán hacerlo porque tanto la Ley de Propiedad Horizontal como la Ley del Suelo Vasca obligan a los propietarios de las viviendas al mantenimiento de los edificios. «Es decir –señala Lizundia– los hace responsables de los daños que la falta de mantenimiento pueda ocasionar tanto al propio edificio como a sus usuarios y terceras personas».

Pero no hay dinero y si los vecinos quieren recibir ayudas administrativas para hacer alguna reforma deberán reducir la demanda energética del edificio y dotarlo de accesibilidad plena, lo que supone más gastos. «La actual crisis agrava el problema. Y puede crear un auténtico problema social: edificios con desprendimientos con riesgo a terceros; falta de medios económicos para su rehabilitación y situación legal comprometida para los propietarios, usuarios y la propia Administración», advierte.

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