Certificación de eficiencia energética de los edificios

El pasado día 1 de Junio de 2013 entró en vigor el RD 235/2013 (BOE 13/04/2013) por el que se aprueba el procedimiento básico para la obtención de la certificación de eficiencia energética de los edificios.

La certificación otorgará al inmueble el derecho a utilizar la denominada etiqueta de eficiencia energética durante un período de diez años.

La norma afecta tanto a los inmuebles de titularidad pública como privada siempre que tengan una superficie superior a 250 y 500 m2, respectivamente, y sean frecuentados habitualmente por el público. Quedan exentos, entre otros, los edificios industriales y agrícolas, así como aquellos inmuebles que hayan sido adquiridos para llevar a cabo en las mismas obras importantes de reforma o demolición.

Por lo tanto, a partir de la citada fecha, el propietario de cualquier inmueble, local o vivienda, nuevo o de segunda mano, que desee venderlo o alquilarlo, deberá obtener previamente un certificado de eficiencia energética del mismo y ponerlo a disposición de los compradores o arrendatarios en el momento de formalizar el contrato.

En este sentido cabe señalar que el Art. 2 de la norma utiliza la expresión “… que se alquilen a un nuevo arrendatario” , lo que lo permitiría interpretar que la obligación de entregar el certificado no afecta a los propietarios de locales o viviendas que se limiten a concertar la prórroga o renovación de un contrato de arrendamiento preexistente. No obstante conviene ser cautos y esperar a conocer la posición que en este punto adopta la Administración, ya que el incumplimiento de la norma acarrea fuertes sanciones económicas.

Aunque la obligación impuesta por la norma recae sobre los promotores y propietarios de los inmuebles, los profesionales o empresas de la intermediación inmobiliaria vendrán también obligados a velar por el cumplimiento de la norma, debiendo siempre incluir una mención relativa a la tenencia de la etiqueta o certificado energético en cualquier oferta, promoción o publicidad que realicen para la venta o arrendamiento de un inmueble.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la imposición de sanciones a los propietarios que pueden ir desde los 3.005,06 € para las infracciones leves hasta los 15.025,31 y 601.012,10 € para las graves y muy graves.

Aparte de las sanciones administrativas, la falta de certificado de eficiencia energética, puede también comprometer la validez del propio contrato y además dar lugar a reclamaciones de daños y perjuicios frente al propietario y frente al intermediario inmobiliario por parte del comprador o arrendatario perjudicados por no reunir la vivienda las condiciones constructivas necesarias según el código Técnico de la Edificación para garantizar una adecuada eficiencia energética.

Fuente: AGM Abogados.

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