Resumen del Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

Esperando que sea de vuestro interés os adjuntamos nota técnica, elaborada por la Asesoría ANERR, sobre el citado documento.

No dejéis en trasladarnos cualquier comentario o consulta al respecto.

Reales Decretos y Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas

 

Os dejamos los contenidos de los Reales Decretos y del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas recientemente aprobados.

  • REAL DECRETO por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.
  • REAL DECRETO por el que se regula el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Renovación Urbanas, 2013-2016.

 

 PUESTA EN MARCHA DE UN NUEVO MODELO DE VIVIENDA BASADO EN EL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN

  • Se ha aprobado el proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y el Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, que, unidos a la Ley de Fomento del Alquiler, son los instrumentos que harán posible el cambio de política y modelo.
  • Se apuesta por el alquiler y la rehabilitación frente a la construcción de nuevas viviendas.
  • El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, aprobado  , destinará 2.421 millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas.
  • Estas iniciativas tienen una clara vocación social y ayudarán a satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, entre ellas el acceso a la vivienda de los sectores de población con menos recursos.
  • Las personas afectadas en los procedimientos de desahucio tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.
  • Aumenta el número de beneficiarios de las ayudas al alquiler, que pasan de 87.000 a 133.000 anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) que, junto con la nueva Ley de Fomento del Alquiler, suponen un cambio de modelo en la política de vivienda.

Estas iniciativas tienen una clara vocación social y tienen como objeto satisfacer las necesidades prioritarias de los ciudadanos, facilitando el acceso a una vivienda digna de los sectores de población con menos recursos.

De los veintiséis millones de viviendas que hay en nuestro país, quince millones tienen más de treinta años y casi seis millones más de medio siglo.

El mercado del alquiler representa el 17 por 100 frente al 83 por ciento del de la propiedad mientras que en Europa el mercado en alquiler representa el 38 por 100.

Asimismo, es fundamental facilitar el acceso a la vivienda a los sectores de población con menores recursos. Por ello, es necesario un cambio de modelo que apoye el alquiler como vía idónea para el acceso a la vivienda, especialmente para quienes disponen de menores niveles de renta y para favorecer la salida al stock de vivienda desocupada.

También se ha hecho una apuesta por el fomento de la rehabilitación de edificios y la regeneración y renovación urbanas para propiciar una reactivación sostenible del sector de la construcción, unos edificios más seguros y una mejora de la eficiencia energética.

  PROYECTO DE LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS

La nueva Ley establece mecanismos que permitirán poner en práctica desde las operaciones más sencillas, que afectan a la rehabilitación de un edificio, a las más completas, que van desde la regeneración de tejidos urbanos ya existentes a la reurbanización de zonas más amplias dentro de las ciudades.

Estas operaciones contribuirán al fomento de la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación como en el suelo, y acercarán nuestro marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia y ahorro energéticos.

El modelo surgido en los últimos años, volcado fundamentalmente en la construcción de nuevas viviendas, ha descompensado el necesario equilibrio que debería existir entre las actuaciones de construcción y aquellas otras orientadas a la conservación en adecuadas condiciones del parque ya edificado.

A ello hay que unir la gran distancia que separa el parque edificado en España de las exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las ciudades. Cerca del 60 por 100 de las viviendas españolas se construyeron sin ninguna normativa mínima de eficiencia energética (la primera es de 1979), lo que sitúa a España en una posición difícil de cara al cumplimiento de los compromisos con Europa (Estrategia Europea 2020). Además, de los 10,7 millones de viviendas en edificios de cuatro o más plantas, cuatro millones aún no tienen ascensor y un porcentaje muy elevado de viviendas se encuentra en deficiente situación de conservación.

Novedades de la L ey

Entre las novedades más relevantes que forman parte del nuevo texto legal están las siguientes:

  1. La configuración del deber de conservación como uno de los deberes fundamentales relacionados con el medio urbano, y, por tanto, su regulación con carácter uniforme, en el marco de las condiciones básicas de igualdad que al Estado compete establecer.
  2. La regulación básica de un Informe de Evaluación de los Edificios, que trata de superar las insuficiencias de la Inspección Técnica de Edificios, demandada por el Estado a partir del Real Decreto Ley 8/2011.Este informe, además de evaluar el estado de conservación de los edificios, aportará información acerca del grado de cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad, e incluirá la Certificación de la Eficiencia Energética. Esta última, con un mero carácter informativo, y con independencia de que alguna de las viviendas del edificio vaya a ser puesta en venta o en alquiler.El informe sólo se exigirá a los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que tengan más de cincuenta años y siempre que no hayan pasado ya la Inspección Técnica de Edificios de conformidad con su propia regulación.
  3. Se amplían las facultades reconocidas a las comunidades de vecinos, agrupaciones de propietarios y cooperativas para actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con las operaciones de rehabilitación.
  4. Se establecen mecanismos que permitirán obtener financiación externa para que la rehabilitación sea más accesible. De manera especial, se introduce la figura de “la memoria de viabilidad económica” que acompañará a cada actuación y que podría justificar la aplicación de reglas excepcionales para vincular incrementos de edificabilidad o densidad, así como cambios a las distintas operaciones de rehabilitación, regeneración y/o renovación urbanas.
  5. Se modifican determinados regímenes de unanimidad o mayorías establecidos por la Ley de Propiedad Horizontal. Así, cuando existan determinadas obras que son demandadas por las Administraciones Públicas, aunque afecten al título constitutivo o a los estatutos, serán obligatorias, como ya ocurre con algunas de ellas en la vigente regulación de la propiedad horizontal.

 NUEVO PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-1016

El Plan, que complementa a las dos leyes citadas, tiene por objeto buscar la máxima rentabilidad con los recursos disponibles, a través de la concesión de ayudas al mayor número posible de ciudadanos y facilitar una vivienda digna a los colectivos más desfavorecidos. Así, las personas afectadas en los procedimientos de desahucios tendrán preferencia en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

El Plan pretende, además, dinamizar la economía y fomentar la generación de empleo. La puesta en marcha del nuevo Plan se estima que supondrá en cuatro años la creación de 105.000 puestos de trabajo.

El presupuesto del Plan para todo el periodo de vigencia es de 2.421 millones de euros, que se reparten entre los siete programas que lo conforman, los cien millones de euros de la LÍNEA IDEA y los diez millones del Proyecto Clima.

El Plan mantiene la subsidiación de préstamos convenidos para evitar debilitar la capacidad de los deudores hipotecarios con menos recursos.

Los siete programas son: subsidiación de préstamos convenidos, ayudas al alquiler, fomento del parque público de viviendas, fomento a la rehabilitación, fomento de la regeneración urbana, apoyo a la implantación del Informe de Evaluación de los Edificios y fomento de ciudades sostenibles.

Nueva gestión de las ayudas al alquiler

Con el objetivo de un mejor aprovechamiento de los recursos, la concesión de las ayudas al alquiler se hará de forma más equitativa teniendo en cuenta la renta de la unidad de convivencia en una vivienda.

Los beneficiarios de las ayudas al alquiler serán las personas físicas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el IPREM, modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia, lo que asegura que accedan a la ayuda las familias más necesitadas.

Ayudas a la rehabilitación y regeneración

El plan contempla también ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles deberán tener una antigüedad anterior a 1981, al menos el 70 por 100 de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Podrán solicitar estas ayudas comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de viviendas.

Se concederán ayudas de hasta cuatro mil euros por vivienda para conservación, dos mil euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética (cinco mil euros si se reduce en un 50 por 100 la demanda energética del edificio) y cuatro mil euros por vivienda para mejora de accesibilidad.

En el caso de la regeneración urbana, se financiará la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización del espacio público o de edificación en sustitución de edificios demolidos.

Los beneficiarios serán quienes asuman la responsabilidad de la ejecución integral del ámbito de actuación con ayudas de hasta once mil euros por vivienda rehabilitada, treinta mil euros por vivienda construida en sustitución de otra demolida y dos mil euros por vivienda para la obra de urbanización.

Informe de Evaluación de Edificios

Asimismo, el plan incluye ayudas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, con una subvención máxima del 50 por 100 del coste del mismo.

Por último, se establecen ayudas para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas, a través de la mejora de barrios, centros y cascos históricos, sustitución de infraviviendas y zonas turísticas.

Medidas adicionales

  • Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edificios 2013: para atender las necesidades de financiación de particulares y comunidades de propietarios para acometer proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios. En este caso la dotación será de mil millones de euros.
  • LÍNEA IDEA. Programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas: para incentivar la realización de actuaciones integrales de ahorro y mejora de la eficiencia energética, así como la utilización de energías renovables (renovación de ventanas, fachadas, calderas, equipos de aire acondicionado, etcétera). La dotación será de cien millones de euros para ayudas públicas directas y préstamos reembolsables.
  • Proyecto Clima: Compra de créditos por reducciones verificadas de CO2 en el sector de la vivienda hasta los cuatro primeros años de funcionamiento del proyecto, por parte del Fondo de Carbono para una Economía Sostenible (diez millones de euros en 2013).

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS DEL IDAE

Para apoyar este nuevo marco legislativo, con el fin de mejorar el estado de conservación de los edificios de viviendas, su seguridad, habitabilidad, salubridad y accesibilidad, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el cual el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pondrá en marcha próximamente un programa específico de ayudas y financiación para facilitar la ejecución de medidas de mejora de la eficiencia energética y la utilización de las energías renovables.

Con una dotación de cien millones de euros, este programa busca promover la realización de medidas de ahorro y eficiencia sobre la envolvente y las instalaciones térmicas de los edificios existentes de uso residencial, y la incorporación de energías renovables (biomasa y geotermia, principalmente).

Podrán ser beneficiarios de las ayudas o de la financiación de este programa las comunidades de propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, las comunidades de bienes de los propietarios de edificios de viviendas no divididas horizontalmente y las personas físicas propietarias de un edificio de viviendas unifamiliar.

Se considerarán actuaciones susceptibles de ayuda las actuaciones integrales en edificios de viviendas siempre que comprendan una o varias de las siguientes medidas que mejoren la calificación energética del edificio o viviendas afectadas.

  1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica de los edificios de viviendas existentes
  2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios de viviendas existentes
  3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes
  4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones de calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria de los edificios de viviendas existentes.

La dotación económica del plan se repartirá equitativamente entre las cuatro tipologías de actuaciones anteriores.

  CERTIFICADO ENERGÉTICO PARA ALQUILAR O COMPRAR

Dentro de esta política de apoyo a la vivienda y rehabilitación, y dando cumplimiento a la normativa comunitaria, el Consejo de Ministros ha aprobado, además, el Real Decreto para trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética. Este certificado, además de la calificación energética del edificio, deberá incluir información objetiva sobre las características energéticas de los edificios, y, en el caso de edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética del edificio o de una parte de este, de forma que se pueda valorar y comparar la eficiencia energética de los edificios, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía.

Programas informáticos del IDAE

Como herramienta para facilitar la obtención de dichos certificados, por mandato del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, el IDAE ha elaborado los programas informáticos CE3 y CE3X, ambos publicados como Documentos Reconocidos a disposición de los técnicos certificadores.

Además, el IDAE se ha encargado de llevar a cabo un plan de formación para formar a los técnicos responsables de certificar energéticamente los edificios y de aquellos otros encargados de su control e inspección sobre las herramientas reconocidas CE3 y CE3X. Finalmente, IDAE se encargará de informar a los vendedores, compradores y usuarios de viviendas y edificios en general sobre las nuevas obligaciones a las que tienen que hacer frente.

Obligaciones para las Administraciones Públicas

Igualmente, y como actuación ejemplarizante de las Administraciones Públicas, el Real Decreto obliga a que todos los edificios o partes de los mismos, en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 inicialmente que sean frecuentados habitualmente por el público, dispongan del certificado de eficiencia energética y exhiban su etiqueta de eficiencia energética.

 (Plan integral de Vivienda y Suelo)

Fuente: lamoncloa.gob.es

Madrid elimina trabas a proyectos en edificios históricos para garantizar su protección

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Patrimonio Histórico, que pretende actualizar la Ley 10/1998, con el fin de mejorar la protección del patrimonio histórico regional, ponerlo en valor y hacerlo compatible con el desarrollo de la actividad económica.

Además de poner al día la normativa, que data de hace 15 años, el Ejecutivo regional elimina trabas administrativas y duplicidades, ahorra costes, y aclara las normas vigentes, de manera que la protección de los edificios se conjugue con posibles proyectos económicos que ayuden a reactivarlos y, de paso, contribuyan a su conservación.

Por ejemplo, el proceso administrativo para declarar un Bien de Interés Cultural se acortará de 15 a 9 meses, y se regula el procedimiento de consulta previa, por el que la Comunidad asesorará a los promotores de nuevos proyectos económicos para hacerlos compatibles con la protección de los edificios desde un comienzo y así ahorrar múltiples trámites y modificaciones posteriores que encarecen los proyectos y los ralentizan, según explicaron el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, y la consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño.

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo un esfuerzo de simplificación normativa para que el nuevo marco jurídico constituya una referencia de fácil comprensión para los ciudadanos, que les permita con la máxima certeza posible conocer sus derechos y obligaciones en la materia.

Se venía observando que la norma vigente, en algunos casos, producía falta de concreción respecto a las obligaciones jurídicas de los titulares de bienes del patrimonio histórico, y se establecían autorizaciones administrativas casi para todo tipo de bienes.

Así, la nueva ley beneficiará a los propietarios de inmuebles situados en el entorno de edificios y lugares protegidos, ya que hasta ahora debían solicitar autorización administrativa previa para cualquier obra que quisieran realizar en estos inmuebles, alterara o no el entorno del bien protegido. A partir de ahora, cualquier obra en el interior del edificio se puede realizar sin autorización.

Además, para favorecer las labores de conservación de los bienes protegidos por parte de sus propietarios, la Comunidad de Madrid deberá contestar en un máximo de dos meses a las solicitudes de intervención en cualquier Bien de Interés Cultural (BIC) o Bien de Interés Patrimonial (BIP) –hasta ahora no había plazos–. Si no hay respuesta, el silencio administrativo será negativo para los BIC y positivo para los BIP.

Otras novedades serán la regulación de actuaciones administrativas que con el tiempo se impusieron para ser más eficaces en la gestión (como es el caso de la hoja informativa previa a las actuaciones arqueológicas) y la regulación de ciertas categorías, como por ejemplo los paisajes culturales, los bienes de interés etnográfico o industrial y el patrimonio cultural inmaterial.

De acuerdo con el anteproyecto de Ley que ha sido aprobado, los niveles de protección se ordenarán y aclararán estableciendo dos niveles: Un régimen de BIC (Bien de Interés Cultural) y un segundo régimen de protección equivalente a los bienes incluidos actualmente en inventario, que pasa a denominarse Bienes de Interés Patrimonial (BIP). Todo ello, sin perjuicio del deber genérico de conservación para cualquier bien integrante del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid y de la protección urbanística que se llevará a cabo por parte de los ayuntamientos.

Precisamente, los ayuntamientos ganan peso en la protección del patrimonio histórico con la nueva ley, ya que se aclaran las competencias y se establece que los procesos de protección de los BIC y BIP quedarán en manos de la Comunidad, mientras que los consistorios velarán por la protección del resto de los inmuebles catalogados que puedan tener valor histórico, con independencia del año de construcción.

Otra de las novedades del anteproyecto es la creación del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico, que aporta una mayor seguridad jurídica a la gestión. Lo formarán el conjunto de bienes inmuebles declarados o incoados BIC o BIP, así como los yacimientos arqueológicos o paleontológicos documentados.

Para agilizar los procesos, se quiere modificar la competencia para incoar los expedientes de protección del patrimonio, de manera que será directamente la Dirección General de Patrimonio Histórico (en vez de órganos superiores) la que los incoe.

Otra novedad es la incorporación de la consulta previa a los procedimientos ambientales, que deberán ser informados a los efectos del patrimonio histórico con carácter previo al pronunciamiento del órgano ambiental. Este informe se realizará de acuerdo con el contenido del Catálogo Geográfico de Bienes Inmuebles del Patrimonio Histórico.

El objetivo es ayudar a los promotores de los proyectos a agilizarlos y reducir costes, puesto que la consulta previa les facilita información muy importante para la correcta efinición de los proyectos desde el primer momento, ahorrando costosas modificaciones posteriores. La consulta previa también quedará regulada en el ámbito del urbanismo.

Por otro lado, la futura ley regional enumerará las instituciones consultivas de la Administración regional en este terreno con el objeto de clarificar esta cuestión, siendo las siguientes: Consejo regional de Patrimonio Histórico, Real Academia de la Historia, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, las universidades públicas de Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y los colegios profesionales madrileños relacionados con esta materia.

Fuente: Inmodiario.com

El suplemento de vivienda del diario el Mundo, opina sobre el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación y menciona ANERR

 

El  suplemento su vivienda del diario El Mundo, publicado el pasado 15 de marzo, da una completa opinión sobre el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación que pronto entrara en escena, y ha tenido en cuenta, la opinión de José Carlos Greciano, secretario de ANERR.

Para ver el contenido de dicho suplemento, pulse aquí.

Fuente: diario “El Mundo”.

Caloryfrio.com entrevista a Fernando Prieto, presidente de ANERR

El pasado 14 de marzo, Fernando Prieto fue entrevistado por Caloryfrio.com durante la feria de climatización, donde hablo del proyecto PREI y de los objetivos de ANERR actualmente en desarrollo y opino sobre la futura ley de rehabilitación que según su criterio,  ofrecerá un marco regulatorio que contribuirá a la reconversión del sector de la construcción.

Para ver todos los detalles de la entrevista, pulse aquí.

Fernando_prieto

Los alcaldes podrán forzar la rehabilitación de 3 millones de pisos de más de 50 años

IMPULSO AL SECTOR INMOBILIARIO/ La nueva  Ley hará que se cumplan los requisitos obligatorios de accesibilidad de los edificios.  Además, la obligación se extiende a 7.700 ayuntamientos que no la comtemplan.

La nueva Ley de Rehabilitación infila sus últimos trámites.  La norma, una de las más importantes para el Ministerio de Fomento, está destinada a resucitar la actividad y el empleo en el sector inmobiliario de única manera posible en estos momentos: generando negocio con las viviendas antiguas.  Y lo hará eliminando burocracia, con facilidades para las comunidades de vecinos, simplificando la legislación y, también, poniendo el foco en los edificios que no cumplen con los requisitos de accesibilidad pero siguen sin ser rehabilitados, según el Anteproyecto de Ley de Rehabilitación, regeneración y  renovación urbanas.

Fuente: Expansión.

Para ver el artículo completo, pulse aquí.

 

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